La "Guerra" política
Como si en la Edad Media nos encontráramos, los dos partidos de las dos tendencias del eje ideológico se enfrentan entre si como dos monarcas mediavales dirigiendo sus ejércitos. La teoría indicaba que el foro por excelencia era el parlamento, el mejor lugar para discutir ideas, debatir propuestas, votar 
resoluciones. En la práctica da la sensación, por el contrario, de que todo vale y, al igual que en la guerra fría, los focos de conflicto se extienden por doquier y hay que impedir el avance del otro, no vaya a ser que se haga más fuerte. Lo gracioso es que no estoy hablando de un choque entre dos superpotencias equilibradas en su lucha por la hegemonía. Es el constante enfrentamiento entre gobierno y oposición en este país. En principio esa tensión entre ellos debe normal, cada cual cumple su papel. No obstante, la percepción que se imagen que se transmite a través de los medios de comunicación es casi de un enfrentamiento cuasi bélico. ¿Es esta la realidad? ¿No se está llevando demasiado lejos?
En primer lugar, el mundo de la judicatura está a tela de juicio. Sobretodo cuando determinadas instituciones tan influyentes en el mundo judicial, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado tienen unos representantes designados por el parlamento y/o el gobierno. Lo normal, en virtud de la separación de poderes y su control mútuo, sería garantizar la máxima imparcialidad y objetividad de los miembros orgánicos vinculados al mundo judicial, independientemente de quién esté en el gobierno o de qué mayoría controle el parlamento. No obstante, por momentos, da la impresión de que determinados jueces, magistrados y juristas están más al servicio de quién lo ha elegido que no de sus prestigiosos gremios. Quizá no sea así, pero existen dudas razonables. Un ejemplo. El CGPJ, es el órgano de gobierno del poder judicial, compuesto por 20 miembros elegidos por las cámaras parlamentarias más el presidente del Tribunal Supremo. Actualmente está dirigido por un conservador, Francisco José Hernando, que se ha visto inmiscuido en ciertas polémicas decisiones. Tal vez no vea toda su complejidad porque soy profano al derecho. Sin embargo, me llamó mucho la antención que, en pleno debate político sobre el Proyecto de Ley del Estatut de Autonomía de Catalunya, permitiera que el CGPJ realizara un informe, sin solicitud parlamentaria, sobre su constitucionalidad. La pregunta que surje es: ¿Qué tiene que discutir el órgano de gobierno de los jueces sobre los proyectos de ley del parlamento? Se supone que los jueces y magistrados están para aplicar el Orden Jurídico, no para discutir las leyes (y menos si no han sido aprovadas). Tienen una función consultiva, pero la constitucionalidad de las leyes son COMPETENCIA EXCLUSIVA del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿quién les ha llamado?. ¿Será tal vez que el PP, agresivo opositor al Estatut Catalán, necesitaba algún amparo jurídico aún cuando no sea legal?. Imagino que la designación de Hernando como miembro del CGPJ a propuesta del PP es una simple casualidad. Y la duda que me asalta es: ¿a quién representa? ¿A su asociación? ¿a su gremio? ¿al pueblo español? ¿O a quién le ha situado allí?.
La Fiscalía General del Estado es otro estamento susceptible de sospecha. A diferencia de los miembros del CGPJ, que han de ser aprovados por 3/5 del Congreso o del Senado, el Fiscal General es designado por el presidente del gobierno. Teniendo en cuenta que depende de él la Fiscalía Anticorrupción, ¿puede ésta última funcionar a pleno pulmón cuando la sospecha recae en algún miembro del partido que gobierna?. Y teniendo en cuenta que los fiscales son los que piden las penas, ¿se mantendrá la fiscalía ajena a las conveniencias políticas? ¿actuará en contra de alguna líniea política del gobierno?.
Si ambas instituciones corren el riesgo de estar políticamente influenciadas, el mundo de los magistrados y jueces no va a ser menos. Como no pueden sindicarse, forman parte de alguna asociación de jueces, entre las cuales destacan dos grupos: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia. Ambas tendencias no pasan inadvertidas y, si bien sus miembros tienen bastante en común y no difieren en la mayoría de sus resoluciones, en algún caso que otro pueden estar sometido a una presión extra.
Un ejemplo de esa "lucha" es la recientemente reciente anulación por parte del Tribunal Supremo (curioso, el que preside Hernando) del traslado de la CMT a Barcelona por considerar que "no estaba debidamente justificado". Se decidió por 6 votos de diferencia. ¿qué parte de la sentencia se centra en el aspecto técnico y qué parte se centra en el aspecto político?
Tampoco queda al margen de polémica el Tribunal Constitucional, que tiene un carácter excepcional aparte de la judicatura. Sus 12 miembros son elegidos por Congreso (4), Senado (4), gobierno (2) y CGPJ (2) . A pesar de que sus funciones se centran en la salvagua
rda e interpretación de la constitución, también están sometidos a ciertas presiones en virtud de ciertos poderes políticos que tienen su propia visión de la Constitución. Su papel es lo suficientemente importante para no dejarse llevar por cuestiones políticas (para eso están los profesionales) o cuestiones personales. Cabe recordar el vergonzoso espectáculo que dio el anterior presidente, Manuel Jiménez de Parga, que llegó a hacer declaraciones impropias de alguien que ostenta el cargo (criticando el nacionalismo y realizando odiosas comparaciones, pasando por alto que no ostentaba ese cargo para opinar sobre lo que le gusta y lo que no le gusta sinó dirigir ese órgano colegiado que vela por la Constitución)
En 2002, Javier Gómez de Liaño, juez expulsado de la judicatura por flagrante prevaricación, fue indultado por el gobierno. Poco antes, se trató en el CGPJ su inaudita readmisión, que decidió retrasar algunos años. Fue entonces cuando los medios afines al PP y afines al PSOE mostraban abiertamente su particular visión, generalmente opuesta, sobre las decisiones del mundo judicial.
Últimamente, ciertas resoluciones judiciales han tenido especial repercusión. En el momento que aparece en el horizonte la negociación de un proceso de paz entre gobierno y ETA, se intensifica la acción judicial contra el entorno Abertzale. El sector más conservador de la sociedad lo aplaude; Ahora bien, cuando la acción judicial afecta a la Iglesia (derribo de parroquías o casos de abusos sexuales), entonces es la conspiración progresista de la judicatura la que está detrás; Otras resoluciones, como las que hacen referencia al Estatut de Autonomía de Catalunya o el caso de Endesa-Gas Natural también ha sido un toma y daca, con sentencias que han gustado en algunos casos y no tanto en otros; El PP, fiel a la Doctrina Fraga ("lo que no consigamos en el congreso lo perseguiremos en los tribunales"), ha utilizado la vía judicial ante todo lo que no le ha gustado (prácticamente cualquier decisión del gobierno) y ha conseguido que se acepten a trámite bastantes de su denuncias. Pero, por otro lado, los casos de corrupción de ayuntamientos en manos del PP han comenzado a brotar y también van a ser encausados.
La pregunta: ¿Es una escalada política a través del mundo judicial o es el correcto ejercicio de la justicia que no hace ninguna distinción política? El tema está abierto a todo tipo de opiniones.
resoluciones. En la práctica da la sensación, por el contrario, de que todo vale y, al igual que en la guerra fría, los focos de conflicto se extienden por doquier y hay que impedir el avance del otro, no vaya a ser que se haga más fuerte. Lo gracioso es que no estoy hablando de un choque entre dos superpotencias equilibradas en su lucha por la hegemonía. Es el constante enfrentamiento entre gobierno y oposición en este país. En principio esa tensión entre ellos debe normal, cada cual cumple su papel. No obstante, la percepción que se imagen que se transmite a través de los medios de comunicación es casi de un enfrentamiento cuasi bélico. ¿Es esta la realidad? ¿No se está llevando demasiado lejos?En primer lugar, el mundo de la judicatura está a tela de juicio. Sobretodo cuando determinadas instituciones tan influyentes en el mundo judicial, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado tienen unos representantes designados por el parlamento y/o el gobierno. Lo normal, en virtud de la separación de poderes y su control mútuo, sería garantizar la máxima imparcialidad y objetividad de los miembros orgánicos vinculados al mundo judicial, independientemente de quién esté en el gobierno o de qué mayoría controle el parlamento. No obstante, por momentos, da la impresión de que determinados jueces, magistrados y juristas están más al servicio de quién lo ha elegido que no de sus prestigiosos gremios. Quizá no sea así, pero existen dudas razonables. Un ejemplo. El CGPJ, es el órgano de gobierno del poder judicial, compuesto por 20 miembros elegidos por las cámaras parlamentarias más el presidente del Tribunal Supremo. Actualmente está dirigido por un conservador, Francisco José Hernando, que se ha visto inmiscuido en ciertas polémicas decisiones. Tal vez no vea toda su complejidad porque soy profano al derecho. Sin embargo, me llamó mucho la antención que, en pleno debate político sobre el Proyecto de Ley del Estatut de Autonomía de Catalunya, permitiera que el CGPJ realizara un informe, sin solicitud parlamentaria, sobre su constitucionalidad. La pregunta que surje es: ¿Qué tiene que discutir el órgano de gobierno de los jueces sobre los proyectos de ley del parlamento? Se supone que los jueces y magistrados están para aplicar el Orden Jurídico, no para discutir las leyes (y menos si no han sido aprovadas). Tienen una función consultiva, pero la constitucionalidad de las leyes son COMPETENCIA EXCLUSIVA del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿quién les ha llamado?. ¿Será tal vez que el PP, agresivo opositor al Estatut Catalán, necesitaba algún amparo jurídico aún cuando no sea legal?. Imagino que la designación de Hernando como miembro del CGPJ a propuesta del PP es una simple casualidad. Y la duda que me asalta es: ¿a quién representa? ¿A su asociación? ¿a su gremio? ¿al pueblo español? ¿O a quién le ha situado allí?.
La Fiscalía General del Estado es otro estamento susceptible de sospecha. A diferencia de los miembros del CGPJ, que han de ser aprovados por 3/5 del Congreso o del Senado, el Fiscal General es designado por el presidente del gobierno. Teniendo en cuenta que depende de él la Fiscalía Anticorrupción, ¿puede ésta última funcionar a pleno pulmón cuando la sospecha recae en algún miembro del partido que gobierna?. Y teniendo en cuenta que los fiscales son los que piden las penas, ¿se mantendrá la fiscalía ajena a las conveniencias políticas? ¿actuará en contra de alguna líniea política del gobierno?.
Si ambas instituciones corren el riesgo de estar políticamente influenciadas, el mundo de los magistrados y jueces no va a ser menos. Como no pueden sindicarse, forman parte de alguna asociación de jueces, entre las cuales destacan dos grupos: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia. Ambas tendencias no pasan inadvertidas y, si bien sus miembros tienen bastante en común y no difieren en la mayoría de sus resoluciones, en algún caso que otro pueden estar sometido a una presión extra.
Un ejemplo de esa "lucha" es la recientemente reciente anulación por parte del Tribunal Supremo (curioso, el que preside Hernando) del traslado de la CMT a Barcelona por considerar que "no estaba debidamente justificado". Se decidió por 6 votos de diferencia. ¿qué parte de la sentencia se centra en el aspecto técnico y qué parte se centra en el aspecto político?
Tampoco queda al margen de polémica el Tribunal Constitucional, que tiene un carácter excepcional aparte de la judicatura. Sus 12 miembros son elegidos por Congreso (4), Senado (4), gobierno (2) y CGPJ (2) . A pesar de que sus funciones se centran en la salvagua
rda e interpretación de la constitución, también están sometidos a ciertas presiones en virtud de ciertos poderes políticos que tienen su propia visión de la Constitución. Su papel es lo suficientemente importante para no dejarse llevar por cuestiones políticas (para eso están los profesionales) o cuestiones personales. Cabe recordar el vergonzoso espectáculo que dio el anterior presidente, Manuel Jiménez de Parga, que llegó a hacer declaraciones impropias de alguien que ostenta el cargo (criticando el nacionalismo y realizando odiosas comparaciones, pasando por alto que no ostentaba ese cargo para opinar sobre lo que le gusta y lo que no le gusta sinó dirigir ese órgano colegiado que vela por la Constitución)En 2002, Javier Gómez de Liaño, juez expulsado de la judicatura por flagrante prevaricación, fue indultado por el gobierno. Poco antes, se trató en el CGPJ su inaudita readmisión, que decidió retrasar algunos años. Fue entonces cuando los medios afines al PP y afines al PSOE mostraban abiertamente su particular visión, generalmente opuesta, sobre las decisiones del mundo judicial.
Últimamente, ciertas resoluciones judiciales han tenido especial repercusión. En el momento que aparece en el horizonte la negociación de un proceso de paz entre gobierno y ETA, se intensifica la acción judicial contra el entorno Abertzale. El sector más conservador de la sociedad lo aplaude; Ahora bien, cuando la acción judicial afecta a la Iglesia (derribo de parroquías o casos de abusos sexuales), entonces es la conspiración progresista de la judicatura la que está detrás; Otras resoluciones, como las que hacen referencia al Estatut de Autonomía de Catalunya o el caso de Endesa-Gas Natural también ha sido un toma y daca, con sentencias que han gustado en algunos casos y no tanto en otros; El PP, fiel a la Doctrina Fraga ("lo que no consigamos en el congreso lo perseguiremos en los tribunales"), ha utilizado la vía judicial ante todo lo que no le ha gustado (prácticamente cualquier decisión del gobierno) y ha conseguido que se acepten a trámite bastantes de su denuncias. Pero, por otro lado, los casos de corrupción de ayuntamientos en manos del PP han comenzado a brotar y también van a ser encausados.
La pregunta: ¿Es una escalada política a través del mundo judicial o es el correcto ejercicio de la justicia que no hace ninguna distinción política? El tema está abierto a todo tipo de opiniones.
posted by Reverendo Pohr at 13:37
6 Comments:
Lamentablemente la política española está altamente politizada. Ayer en el programa Sexto Sentido de la Sexta (ya se que no viene al caso... pero que guapa es Mamen Medizabal!!!)hubo un mini debate entre un fílosofo y un cura (directo del area periodistica del obispado... vamos un jefazo de la COPE). Ante la pregunta de si la iglesia se debía meter en política los dos contestaron que sí (y se supone que eran de bandos opuestos).
Pués is la iglesia se tiene que meter en política no nos ha de extrañar que los jueces lo hagan tambien.
Este es un grave problema con dificil solución, porque es muy dificil que las designaciones no esten politizadas y en consecuancia los actos y decisiones tomadas por los altas instancias judiciales.
Ya trataré el tema de la Iglesia española más adelante, porque también participan en el juego. A mi parecer, no debería meterse en política, pues no es su especialidad (aunque el poder es un dulce al que nadie dice fácilmente que no). Ojo, yo no digo que los cristianos en general y los católicos en particular no deban participar en política. Como ciudadanos habrían de hacerlo. Sin embargo, la religión es una cuestión privada, mientras que la política es una cuestión pública. No habría que confundirlo. Y en España ha quedado patente que, cerca del poder, tampoco fueron capaces de impedir la desigualdad, la corrupción ni la pena de muerte.
la cuestión es que confunden el pulpito con un atril... y los sermones para "salvar" las almas con los "mitines" para conseguir votos.
Estaré atento a ese post (y al de la Mendizabal tambien, Como influyen los presentadores de los noticiarios en la audiencia)
Muy interesante este artículo, y oportuno en estos momentos.
Ante todo quería puntualizar que ni la Fiscalía, ni el CGPJ ni el Tribunal Constitucional son órganos judiciales. Lo del Ministerio Fiscal está claro, pero suele haber confusión con los otros: el CGPJ es un órgano de carácter administrativo, y no todos sus miembros son jueces; el TC por su parte no está integrado en el Poder Judicial, aunque tenga el nombre de "Tribunal", ni sus integrantes tienen por qué ser jueces (normalmente son catedráticos) aunque se llamen "magistrados".
La politización del Ministerio Fiscal y del CGPJ son más que evidentes. El otro día, Josep María Brunet explicó una anécdota al respecto. Mientras se estaba redactando la Constitución, los fiscales Mena y Villarejo fueron a ver a Roca para pedirle que la Fiscalía no dependiese del Gobierno. Sin embargo, éste les dijo: "todos los partidos estamos de acuerdo: el Fiscal General del Estado, para el Gobierno". Queda todo dicho...
Respecto del CGPJ, también es buscada su politización, que es el resultado de la reforma de los métodos para la elección de sus miembros. Si uno lee en la Constitución, es meridiano que el espíritu era que 12 miembros fuesen elegidos por los propios jueces, y 8 por las Cortes. Sin embargo, esto se cambia en 1985 para que todos sean elegidos por las Cortes, en virtud de una enmienda del socialista Bandrós (que posteriormente renegó de los resultados de dicha enmienda). De esta manera, los partidos políticos se reparten los vocales del CGPJ en proporción a su representación parlamentaria, y nos encontramos con que las luchas políticas en muchas ocasiones se trasladan al CGPJ.
El CGPJ sí puede elaborar informes sobre los proyectos de ley; de hecho, hay ocasiones en que es necesario su informe (aunque sea negativo) para que el proyecto siga adelante (p. ej., matrimonio homosexual). Sin embargo, lo impresentable del informe del Estatuto era que nadie se lo había pedido; aunque puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que en el mismo se decían, las formas no eran las adecuadas porque reflejaban una clara intencionalidad política.
Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional, a pesar del método de elección de sus miembros, normalmente suelen actuar con imparcialidad, y prueba de ello es que hay sentencias en todas direcciones ideológicas.
Siento haberme extendido tanto, no quería que esto pareciese una glosa a tu artículo... pero es que con estos temas me sale el opositor que llevo dentro!!!
Agradezco vuestros comentarios y, muy especialmente, a Buxter por las aclaraciones y correcciones. Yo también fui opositor hace 3 años y veo que debería releerme viejas notas.
Tienes razón respecto al Tribunal Constitucional: no todos son jueces y magistrados. Por ese motivo citaba a los juristas. Si no recuerdo mal, de los 12, 8 han de ser jueces o magistrados y 4 han de ser juristas o profesionales del derecho (incluidos los catedráticos). Coincido que, pese a personajes como Jiménez de Parga, este tribunal no ha entrado en polémicas, pero recientemente, con respecto al recurso del PP contra el Estatut, se pudo ver una batallita política. Se aceptó a tramite la recusación del PP contra un magistrado (Pérez-Tremps), cuyos informes habían "legalizado" el Estatut, mientras que, por el contrario, rechazó la recusación de la Generalitat contra un miembro propuesto por el PP, Roberto Garcia-Calvo, que se opone abiertamente al Estatut.
La cosa no acabó ahí, pues el PP recusó a la presidenta del TC, María Emilia Casas, porque su marido había colaborado en un dictamen que sirvió de base para el texto. El pleno, no obstante, rechazó el recurso.
El mundo de las togas. Que bien nos lo estamos pasando, Salinas!!
aunque esté meando fuera de tiesto es interesante como en otros paises de mas tradición democrática que España han tratado de resolver el problema de la independencia del poder judicial. En Estados Unidos, por citar un ejemplo, el cargo de fiscal suele ser electivo, elegido directamente por los ciudadanos...está claro, que dejar que sean políticos los que elijan a los magistrados es como poner al zorro a vigilar las gallinas.
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